EL MOVIMIENTO DE 1968 Y EL PODER JUDICIAL
F. Humberto Sotelo M.
Como es del conocimiento público, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz satanizó desde sus inicios al movimiento estudiantil que estalló desde el 26 de julio de 1968. Este día, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), denunció que durante un mitin en apoyo a la revolución cubana, frente al Hemiciclo a Juárez, la policía y el batallón 19 de granaderos habían atacado a un contingente de estudiantes que participaban en dicho evento.
Tres jóvenes murieron, cientos fueron lesionados y muchos otros se refugiaron en el recinto de la Prepa 1 de la Universidad, el histórico Colegio de San Ildefonso, donde quedarían sitiados por la policía. Al día siguiente, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y los enfrentamientos se extendieron a otras escuelas.
El movimiento creció y los granaderos no pudieron contenerlo, por lo que después intervino el ejército. En las primeras horas del 30 de julio, tropas militares derribaron de un bazucazo la puerta de San Ildefonso, labrada en el siglo XVIII, llevando presos a los pocos estudiantes que continuaban ahí. Más tarde, la mayor parte de las escuelas de la Universidad y el Politécnico se declararon en huelga. El 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, condena públicamente los hechos desde Ciudad Universitaria, iza la bandera mexicana a media asta y, con un emotivo discurso, se pronuncia a favor de la autonomía de la institución y exigió la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de la Prepa 1.
Desde entonces se considera que el 26 de julio marca el inicio del movimiento de 1968, que habría de tener profundas y trascendentales consecuencias en la vida nacional (Vid. Historias, https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/como-inicio-el-movimiento-estudiantil-del-68).
El gobierno caracterizó al movimiento como parte de “un complot comunista” que pretendía, entre otras cosas, boicotear las olimpiadas que se celebrarían en nuestro país en octubre de 1968, y sostuvo que los principales protagonistas del movimiento estudiantil eran “terroristas”, y/o “delincuentes que constituían un peligro para la seguridad nacional”.
Por ello reprimió al movimiento durante el transcurso del mismo y , con el fin de exterminarlo, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México 1968, el 2 de octubre perpetró un crimen de Estado : la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
La operación fue perpetrada de manera conjunta por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la entonces llamada Policía Secreta y el Ejército Mexicano (Vid. Francisco Colmenares, “El poder judicial y los procesos de 1968”, La Jornada, 9 de septiembre de 2024).
Nunca se ha sabido la cantidad de estudiantes que perecieron, pero se calcula que no fueron menos de quinientos, aparte de los heridos y detenidos en sitios como el Campo Militar no. 1. El Poder Judicial guardó un silencio ominoso. Lejos de acusar por actos ilegales y de abuso de autoridad a los responsables de la masacre, por el contrario fungió como tapadera de las autoridades que perpetraron los crímenes”.
El exdirigente estudiantil del movimiento del 68, Pablo Gómez Álvarez, en la actualidad director de la Unidad de Inteligencia financiera, denunció que “el Poder Judicial fue un instrumento para la represión del movimiento estudiantil de 1968, por lo cual debe rendir cuentas". Y agregó: “todavía estamos esperando que el Poder Judicial y la procuración de justicia den cuentas y hagan lo que tengan que hacer, para reivindicar la autenticidad del movimiento, del gran movimiento de los estudiantes de 1968.
Después de innumerables gestiones judiciales del Comité 68 por las Libertades Democráticas, representado por Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, en contra de funcionarios públicos, encabezados por el ex presidente de la República Luis Echeverría y otros por hechos constitutivos del delito de genocidio de 1968, en sesión del 5 de diciembre de 2007, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no ejecutar su facultad de atracción del expediente 132/2007 de esa denuncia, “ ¡por considerar que el asunto carecía de trascendencia!”.
Hoy, a de 56 años de la masacre de Tlatelolco, los actores y responsables de aquella violencia contra el movimiento estudiantil de 1968 no han sido juzgados ni han cumplido con los castigos establecidos en el derecho penal. El Poder Judicial continúa siendo guardián y tapadera de aquellas atrocidades autorizadas desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo, como lo reconoció con cinismo el presidente de la República un año después ante la Cámara de Diputados, en medio del aplauso sonoro de sus representantes y de todos los invitados y legisladores del PRI y del PAN.
La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) de la Procuraduría General de la República del gobierno de México concluyó, en 2006, en su Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana, que el movimiento estudiantil «marcó una inflexión en los tiempos políticos de México», fue «independiente, contestatario y que recurría a la resistencia civil» y se potenció «con las demandas libertarias y de democratización que dominaban el imaginario mundial». El mismo informe concluyó que durante el movimiento el gobierno mexicano aplicó «sus mecanismos de control y disuasión que solía utilizar frente a la disidencia social (...) lo caracterizó como subversivo y, en lugar de encontrar formas de atender las legítimas demandas, optó por reprimirlo y aniquilar su dirigencia y al sector que consideró más combativo».
Para ello, recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, la coerción de la libertad de expresión, la elaboración de una campaña de desprestigio y descrédito a través de los medios masivos de comunicación —los cuales mantenía controlados—9 y la invención y creación de materiales de comunicación falsos10 caracterizando dicha fiscalía el uso de la fuerza institucional del Estado mexicano como «criminal» (Vid. http://sitiosdememoria.segob.gob.mx/work/models/SitiosDeMemoria/Documentos/PDF/INFORME_FEMOSPP-2006_Parte_1.pdf
Ahora que se vislumbra una reforma a fondo del Poder Judicial de nuestro país, sería de suma importancia que se recordase el nefasto papel que ejerció en el movimiento de 1968, a fin de que nuestros conciudadanos exijan que dicha reforma llegue a fondo.
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