El Alto Costo de Cancelar las Concesiones de RUTA

26 de noviembre de 2025 | Redacción EPrensa:El Alto Costo de Cancelar las Concesiones de RUTAEn Puebla, el gobierno estatal enfrenta un dilema financiero de proporciones millonarias al considerar la cancelación de cuatro líneas del sistema de transporte público RUTA, adjudicadas bajo un esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) que compromete recursos públicos por décadas. Según estimaciones oficiales, el proceso de terminación anticipada de estos contratos ascendería a más de 22 mil millones de pesos, una cifra que representa no solo un golpe al erario, sino también el legado de un sistema de concesiones criticado por su opacidad y favoritismo hacia intereses privados. Esta situación resalta las limitaciones presupuestales para invertir en infraestructura social, como salud o educación, obligando a la administración actual a equilibrar la búsqueda de justicia económica con la sostenibilidad fiscal en un contexto de deudas heredadas que se extienden hasta por 10 años adicionales. *** La complejidad de estos PPS radica en su estructura contractual, diseñada para transferir riesgos operativos al sector privado mientras garantiza pagos fijos al Estado, pero en la práctica, ha generado obligaciones que superan los beneficios esperados, con costos de mantenimiento y operación que recaen desproporcionadamente en los contribuyentes poblanos. Expertos en finanzas públicas advierten que, sin una reestructuración profunda, estas cargas podrían perpetuar un ciclo de endeudamiento disfrazado, limitando la capacidad del gobierno para modernizar el transporte urbano de manera accesible y eficiente, y afectando directamente a miles de usuarios que dependen diariamente de estas rutas para su movilidad. ***Orígenes en la "Mafia de las Concesiones"El origen de estas cuatro líneas de RUTA se remonta a reformas legislativas impulsadas desde 2013 por administraciones anteriores, que modificaron la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones del Estado de Puebla para facilitar la entrega de concesiones a empresas específicas, un esquema calificado como el "cártel de las concesiones" por su concentración de beneficios en un grupo reducido de operadores. Bajo este modelo, las líneas fueron otorgadas mediante PPS que prometían eficiencia y modernización, pero que en realidad consolidaron un monopolio privado sobre el transporte masivo, con cláusulas que protegen a los concesionarios ante incumplimientos o fallos operativos, como el colapso reportado en la Línea 4, donde fallas técnicas y retrasos han generado protestas ciudadanas por su ineficacia. *** Este "sistema corrupto de saqueo", como lo ha denominado José Luis García Parra, coordinador de la Auditoría Superior del Estado, involucró la torcedura de marcos legales con mayorías en el Congreso local para legalizar lo que equivalía a un despojo de recursos públicos, beneficiando a una red de empresarios vinculados a gobiernos de derecha que priorizaron el lucro sobre el servicio público. La opacidad en las licitaciones y la falta de mecanismos de supervisión efectiva permitieron que estas concesiones se convirtieran en un lastre, con ejemplos concretos como sobrecostos en combustible y repuestos que han elevado las tarifas implícitas para el usuario final, perpetuando desigualdades en el acceso al transporte en una ciudad con alta densidad poblacional. ***Contexto Político y Críticas a las Administraciones AnterioresEl debate alrededor de estas concesiones adquiere un tinte político marcado, con la actual gestión estatal, alineada con Morena, confrontando abiertamente el legado de gobiernos panistas previos que, según críticos, guardaron silencio cómplice mientras aprobaban estos modelos en el Legislativo. José Luis García Parra ha señalado directamente: "En Puebla nos estamos enfrentando con el cártel de las concesiones que nos dejaron, que nos heredaron los gobiernos de la derecha", enfatizando cómo se disfrazó deuda como obligaciones financieras para evadir escrutinios fiscales. Esta herencia incluye no solo RUTA, sino un ecosistema de PPS en sectores como agua y vialidades, que comprometen hasta el 20% del presupuesto anual del estado en pagos a privados. *** La hipocresía de la oposición se evidencia en sus recientes indignaciones, cuando durante su gestión avalaron reformas que hoy cuestionan, lo que ha generado llamados a una auditoría integral y transparente para desmantelar el cártel. En este sentido, la confrontación no solo busca rescindir contratos viciados, sino reformar el marco regulatorio para priorizar licitaciones abiertas y participativas, involucrando a la sociedad civil en la vigilancia para evitar repeticiones de abusos que han drenado miles de millones sin mejoras tangibles en el servicio. Este pulso político subraya la transición hacia un modelo de gobernanza más equitativo, aunque enfrenta resistencias de grupos de interés arraigados. ***Implicaciones y Posibles AlternativasCancelar las cuatro líneas implicaría un desembolso inmediato de más de 22 mil millones de pesos, equivalente a varios años de inversión en programas sociales, lo que podría derivar en recortes presupuestales o aumentos en impuestos locales, agravando la percepción de inestabilidad económica en Puebla. Sin embargo, mantener el statu quo perpetúa ineficiencias, como las evidenciadas en la Línea 4, donde retrasos en entregas y fallos mecánicos han afectado a decenas de miles de pasajeros, generando congestión vial y pérdidas de productividad en la zona metropolitana. Las consecuencias se extienden a la credibilidad del gobierno, que debe demostrar capacidad para renegociar términos sin paralizar el sistema de transporte. *** Como alternativas, se perfilan opciones como la reestructuración de los PPS mediante cláusulas de revisión periódica, la inyección de fondos federales para modernización híbrida o incluso la municipalización de rutas clave para recuperar control público. Iniciativas en curso incluyen auditorías forenses lideradas por la Auditoría Superior del Estado para identificar irregularidades contractuales, con el objetivo de reducir pagos pendientes y redirigir recursos hacia una RUTA inclusiva, eléctrica y accesible. Estas medidas, si se implementan con celeridad, podrían transformar un lastre heredado en una oportunidad para un transporte público al servicio de los poblanos, fomentando la sostenibilidad y la equidad en la movilidad urbana. ***Redacción