Situación de Irregularidades en la Ejecución de Obras Comunitarias en Comunidades Indígenas de Puebla: Análisis Descriptivo y ContextualEn el marco de las políticas públicas destinadas al desarrollo integral de las comunidades indígenas y afromexicanas en México, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) representa un instrumento clave para fomentar la autonomía y el progreso local. Este fondo, transferido directamente a los Comités de Administración y Vigilancia Comunitarios (CAVC), busca priorizar intervenciones en infraestructura básica, como pavimentación y relaminación de vías, con el objetivo de mejorar la conectividad y la calidad de vida en zonas marginadas. Sin embargo, en el estado de Puebla, una entidad con una significativa presencia indígena —donde comunidades como las del municipio de Puebla albergan a más de 200,000 personas de origen nahua, otomí y totonaco, según datos del INEGI 2020—, han surgido señalamientos sobre posibles irregularidades en la aplicación de estos recursos. Estos cuestionamientos no solo afectan la ejecución de proyectos específicos, sino que plantean interrogantes más amplios sobre la transparencia, la autonomía comunitaria y el cumplimiento de los principios de la Cuarta Transformación, que enfatizan la participación directa de las bases sociales.Descripción de la Situación en San Miguel CanoaUna de las manifestaciones más recientes de estas preocupaciones se presenta en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, una comunidad indígena ubicada en el municipio de Puebla, caracterizada por su rica tradición cultural y su historia de lucha por el reconocimiento de derechos territoriales y sociales. Esta zona, con una población aproximada de 15,000 habitantes según estimaciones locales, ha sido beneficiaria de recursos federales para obras de infraestructura que buscan mitigar desafíos como el acceso limitado a servicios básicos y la erosión de caminos debido a condiciones topográficas complejas. En particular, se han identificado sobrecostos en los trabajos de adoquinamiento, relaminación de calles existentes y construcción de nuevas vías con pavimento de adocreto, financiados con recursos del FAISPIAM para el ejercicio 2025.Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Grupo de Urbanización Roca S.A. de C.V. Z (conocida como Grupo Roca), una constructora con sede en Puebla especializada en proyectos urbanos y viales. Según documentación técnica presentada por autoridades locales, los sobrecostos se derivan de estimaciones infladas en etapas clave como estudios de mecánica de suelos, nivelaciones, excavaciones, acarreo de materiales y la ejecución directa de las labores. Estos incrementos, que podrían superar el 30-40% del presupuesto original en algunos rubros, amenazan con dejar las obras inconclusas, ya que los recursos etiquetados —aproximadamente 5-7 millones de pesos para este paquete de intervenciones, basado en entregas similares reportadas en agosto de 2025— resultarían insuficientes. Esta eventualidad no solo generaría un detrimento patrimonial, sino que agravaría problemas de movilidad en una comunidad donde el transporte es esencial para el acceso a educación, salud y mercados.El presidente de la junta auxiliar, Apolo Arce Domínguez —quien asumió el cargo en marzo de 2025 tras un proceso electoral comunitario y ha participado activamente en la recepción de fondos federales y estatales en eventos previos—, ha documentado estos hallazgos mediante oficios dirigidos a instancias superiores. En comunicaciones enviadas a la Presidencia de la República, la Secretaría de Bienestar y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), Arce Domínguez solicita la suspensión inmediata de las obras y una auditoría exhaustiva. Sus argumentos enfatizan que, aunque los CAVC son los órganos autónomos responsables de seleccionar proveedores y priorizar proyectos —conforme a la Ley General de Desarrollo Social y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del FAISPIAM—, en la práctica, dichas decisiones estarían influenciadas por recomendaciones externas de la Delegación Federal de Programas para el Desarrollo (Defederales) en Puebla. Rol de la Delegación Federal y las Acusaciones de IntervenciónLa Defederales en Puebla, encabezada por Rodrigo Abdala Dartigues desde 2021, es el ente coordinador de programas sociales federales, incluyendo el FAISPIAM, con un presupuesto anual que supera los 2,500 millones de pesos para la entidad en 2025. Abdala Dartigues, un cuadro morenista con trayectoria política que incluye aspiraciones a cargos como gobernador y senador —y quien recientemente se registró para la elección judicial federal en enero de 2025—, ha sido señalado en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos. En diciembre de 2024, por ejemplo, se reportaron anomalías en la entrega de programas como "Jóvenes Construyendo el Futuro" y "La Escuela es Nuestra", sin que el delegado emitiera posicionamientos públicos. Más recientemente, en marzo de 2025, el dirigente del PRI en Puebla lo acusó de desviar fondos hacia campañas electorales para el Poder Judicial de la Federación. En el caso de Canoa, las acusaciones específicas apuntan a Vianey Zepeda Fuentes, funcionaria de la Delegación de la Secretaría de Bienestar, como enlace en la "recomendación" de Grupo Roca. Arce Domínguez alega que, pese a la autonomía teórica de los CAVC, se ejerció presión sobre la tesorera del comité para adjudicar el contrato, lo que compromete la imparcialidad y genera sobrecostos que desvían recursos de otras necesidades comunitarias, como drenaje o electrificación.Respuesta Oficial y Implicaciones JurídicasAnte la queja formal, Abdala Dartigues respondió mediante el Oficio No. 141.0000.1720/2025, fechado el 11 de noviembre de 2025, dirigido directamente a Apolo Arce Domínguez. En este documento, el delegado niega cualquier intervención: afirma que Zepeda Fuentes "no recomienda constructoras ni ha presionado" a los CAVC, subraya la autonomía plena de estos comités en la asignación de recursos "sin intermediarios" y aclara que los presidentes auxiliares carecen de facultades para solicitar suspensiones o intervenir en la ejecución de obras aprobadas. El oficio invoca el marco normativo del FAISPIAM, que prioriza la deliberación interna de las comunidades, y sugiere que cualquier discrepancia debe resolverse a través de mecanismos de vigilancia interna o la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Esta respuesta, disponible en plataformas públicas como Scribd, representa un posicionamiento institucional que defiende el proceso administrativo, pero no aborda directamente los estudios técnicos de sobrecostos ni propone una verificación independiente. Jurídicamente, el caso podría escalar a la ASF o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECOR), especialmente si se demuestra una violación a los principios de economía y eficiencia en el gasto público, conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Contexto Amplio y Repercusiones SocialesEsta situación no es aislada en Puebla, donde el FAISPIAM ha beneficiado a más de 150 comunidades indígenas en 2025, con entregas históricas en agosto que superaron los 100 millones de pesos en conjunto con el gobierno estatal. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, como la limitada capacidad técnica de los CAVC para evaluar cotizaciones complejas y la dependencia de asesorías externas, lo que abre flancos a influencias indebidas. En redes sociales, el tema ha generado eco limitado hasta la fecha —principalmente a través de publicaciones del medio e-consulta y su director Rodolfo Ruiz—, con menos de 50 interacciones en X (Twitter) en las últimas 24 horas, enfocadas en la denuncia sin respuestas oficiales adicionales. Desde una perspectiva institucional, este episodio subraya la necesidad de fortalecer mecanismos de rendición de cuentas, como capacitaciones en contratación pública para CAVC y plataformas digitales para transparentar adjudicaciones. La resolución oportuna no solo preservaría la confianza en los programas sociales, sino que alinearía con el compromiso federal de erradicar la corrupción y empoderar a los pueblos originarios. Instancias como la CDPIM podrían mediar para garantizar que voces como la de Arce Domínguez sean atendidas, asegurando que el desarrollo comunitario sea verdaderamente autónomo y equitativo.
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