Afortunadamente, también existe el derecho a señalarlas con datos
Rodolfo Herrera Charolet
Todos tienen derecho a decir tonterías, incluso un diputado sin votos. La libertad de expresión ampara con generosidad las opiniones más creativas, aunque se construyan sobre falacias, datos usados a conveniencia y una memoria selectiva que ignora el pasado panista reciente. El texto que circula bajo la firma de un legislador con escasa representatividad ciudadana pretende diagnosticar una crisis de confianza en el gobierno de Puebla. Sin embargo, al examinarlo con detenimiento, revela más debilidades argumentativas que certezas institucionales, además de una notable amnesia histórica.
El autor afirma que gobernar consiste en “construir confianza” y que los números de la ENCIG 2025 del INEGI lo colocan en evidencia. Hasta ahí, podría coincidir cualquier observador. El problema surge cuando convierte percepción en causalidad automática: baja confianza (33.2%) equivale a opacidad deliberada, reservas de información en el Cablebús o la Feria de Puebla y, por supuesto, soberbia gubernamental. Ignora con elegancia que la encuesta mide percepción, no hechos probados, y que Puebla comparte un contexto nacional donde la desconfianza ronda porcentajes similares (promedio nacional de confianza en gobiernos estatales: 40.4%). Atribuir casi nueve de cada diez poblanos (87.7%) que perciben corrupción exclusivamente al gobierno actual, sin mencionar herencias, problemas estructurales o la propia evolución de las cifras, resulta un ejercicio selectivo que roza lo cómico.
Con la misma ligereza se enlazan hechos violentos aislados, como el caso de Tehuitzingo —un crimen familiar que las autoridades investigan—, con una supuesta falla general de gobernabilidad. Se menciona expropiación de terrenos a empresarios como prueba de autoritarismo, pero se omite que tales instrumentos existen en la legislación desde hace décadas y se aplican bajo procedimientos legales. El diputado convierte excepciones mediáticas en regla, mientras pasa por alto que la misma encuesta del INEGI no respalda las interpretaciones políticas que él le adjudica. Es como si la realidad solo existiera cuando sirve para señalar.
Mientras tanto, los datos duros de seguridad muestran un panorama distinto al relato catastrofista. En el primer cuatrimestre de 2026, la Fiscalía General del Estado reportó una reducción del 2.1% en la incidencia delictiva total (601 casos menos respecto al mismo periodo de 2025). Diecisiete delitos de impacto social bajaron, incluyendo una caída del 66.6% en feminicidios, 18.4% en homicidios dolosos, 70% en incidencia sobre la autopista 150D y disminuciones notables en robo de vehículos y a transportistas. El Índice de Paz México 2026 colocó a Puebla entre los 13 estados con mejores niveles de paz, con mejoras sostenidas en los últimos años. Gobernar también es esto: resultados concretos en coordinación con los tres órdenes de gobierno, no solo preguntas retóricas.El texto guarda silencio conveniente sobre otra herencia incómoda: los adeudos millonarios del morenovallismo y de administraciones panistas. El actual gobierno ha avanzado en la liquidación de deudas heredadas, incluyendo compromisos pendientes de proyectos como el Audi y CIS de Angelópolis, así como cientos de expedientes de proveedores de la gestión anterior. En contraste, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha documentado presuntos daños patrimoniales significativos bajo administraciones panistas. En San Andrés Cholula, durante la gestión 2021-2024 de Edmundo Tlatehui Percino, la ASE detectó irregularidades por más de 317 millones de pesos en la cuenta pública analizada, con montos que en revisiones acumuladas superan los 360 millones. Tlatehui arrastra además antecedentes penales: fue señalado en denuncias relacionadas con la administración anterior de Leoncio Paisano Arias, incluyendo presuntos peculados. Curiosamente, su esposa, Guadalupe Cuautle Torres —actual alcaldesa de San Andrés Cholula—, ha continuado asignando contratos a proveedores heredados de la gestión de su marido, sin que las observaciones previas hayan sido totalmente solventadas, lo que genera dudas razonables sobre continuidad en las prácticas.
De igual forma, en Cuautlancingo, la administración 2021-2024 de Filomeno Sarmiento dejó un presunto daño patrimonial por más de 228 millones de pesos según la ASE, con observaciones que alcanzan montos cercanos a los 260 millones cuando se suman auditorías locales y federales. Estas cifras incluyen irregularidades en el manejo de recursos que el actual gobierno municipal ha tenido que enfrentar y aclarar. Gobernar implica resultados, sí, y también responder con datos duros en lugar de preguntas retóricas. Cuando un legislador que apenas representa un puñado de votos se erige en voz de “los poblanos” y reduce la complejidad institucional a un choque entre narrativa oficial y ciudadanía indignada, ejerce su derecho a opinar. Nadie se lo niega. Pero tampoco nadie está obligado a tomarlo en serio. La confianza se construye con hechos: reducción de delitos, saneamiento de finanzas heredadas y rendición de cuentas, incluso cuando duele al PAN.
La percepción de corrupción es alta, nadie lo niega. Es un reto real que exige más transparencia y mejores servicios. Sin embargo, atribuirla solo al presente mientras se blanquea el pasado morenovallista-panista resulta intelectualmente deshonesto. Los mismos poblanos que perciben problemas también ven avances en seguridad que hace años parecían lejanos. La soberbia, esa que tanto denuncia el diputado, a veces se disfraza de preocupación ciudadana y omite las facturas que dejaron administraciones anteriores.Todos tienen derecho a decir tonterías; afortunadamente, también existe el derecho a señalarlas con datos. Porque gobernar no es solo comunicar, como bien dice el autor, pero tampoco es repetir selectivamente estadísticas mientras se olvida el daño patrimonial propio. Puebla avanza, con sus retos y sus resultados. El discurso catastrofista, en cambio, parece congelado en el tiempo.
El autor afirma que gobernar consiste en “construir confianza” y que los números de la ENCIG 2025 del INEGI lo colocan en evidencia. Hasta ahí, podría coincidir cualquier observador. El problema surge cuando convierte percepción en causalidad automática: baja confianza (33.2%) equivale a opacidad deliberada, reservas de información en el Cablebús o la Feria de Puebla y, por supuesto, soberbia gubernamental. Ignora con elegancia que la encuesta mide percepción, no hechos probados, y que Puebla comparte un contexto nacional donde la desconfianza ronda porcentajes similares (promedio nacional de confianza en gobiernos estatales: 40.4%). Atribuir casi nueve de cada diez poblanos (87.7%) que perciben corrupción exclusivamente al gobierno actual, sin mencionar herencias, problemas estructurales o la propia evolución de las cifras, resulta un ejercicio selectivo que roza lo cómico.
Con la misma ligereza se enlazan hechos violentos aislados, como el caso de Tehuitzingo —un crimen familiar que las autoridades investigan—, con una supuesta falla general de gobernabilidad. Se menciona expropiación de terrenos a empresarios como prueba de autoritarismo, pero se omite que tales instrumentos existen en la legislación desde hace décadas y se aplican bajo procedimientos legales. El diputado convierte excepciones mediáticas en regla, mientras pasa por alto que la misma encuesta del INEGI no respalda las interpretaciones políticas que él le adjudica. Es como si la realidad solo existiera cuando sirve para señalar.
Mientras tanto, los datos duros de seguridad muestran un panorama distinto al relato catastrofista. En el primer cuatrimestre de 2026, la Fiscalía General del Estado reportó una reducción del 2.1% en la incidencia delictiva total (601 casos menos respecto al mismo periodo de 2025). Diecisiete delitos de impacto social bajaron, incluyendo una caída del 66.6% en feminicidios, 18.4% en homicidios dolosos, 70% en incidencia sobre la autopista 150D y disminuciones notables en robo de vehículos y a transportistas. El Índice de Paz México 2026 colocó a Puebla entre los 13 estados con mejores niveles de paz, con mejoras sostenidas en los últimos años. Gobernar también es esto: resultados concretos en coordinación con los tres órdenes de gobierno, no solo preguntas retóricas.El texto guarda silencio conveniente sobre otra herencia incómoda: los adeudos millonarios del morenovallismo y de administraciones panistas. El actual gobierno ha avanzado en la liquidación de deudas heredadas, incluyendo compromisos pendientes de proyectos como el Audi y CIS de Angelópolis, así como cientos de expedientes de proveedores de la gestión anterior. En contraste, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha documentado presuntos daños patrimoniales significativos bajo administraciones panistas. En San Andrés Cholula, durante la gestión 2021-2024 de Edmundo Tlatehui Percino, la ASE detectó irregularidades por más de 317 millones de pesos en la cuenta pública analizada, con montos que en revisiones acumuladas superan los 360 millones. Tlatehui arrastra además antecedentes penales: fue señalado en denuncias relacionadas con la administración anterior de Leoncio Paisano Arias, incluyendo presuntos peculados. Curiosamente, su esposa, Guadalupe Cuautle Torres —actual alcaldesa de San Andrés Cholula—, ha continuado asignando contratos a proveedores heredados de la gestión de su marido, sin que las observaciones previas hayan sido totalmente solventadas, lo que genera dudas razonables sobre continuidad en las prácticas.
De igual forma, en Cuautlancingo, la administración 2021-2024 de Filomeno Sarmiento dejó un presunto daño patrimonial por más de 228 millones de pesos según la ASE, con observaciones que alcanzan montos cercanos a los 260 millones cuando se suman auditorías locales y federales. Estas cifras incluyen irregularidades en el manejo de recursos que el actual gobierno municipal ha tenido que enfrentar y aclarar. Gobernar implica resultados, sí, y también responder con datos duros en lugar de preguntas retóricas. Cuando un legislador que apenas representa un puñado de votos se erige en voz de “los poblanos” y reduce la complejidad institucional a un choque entre narrativa oficial y ciudadanía indignada, ejerce su derecho a opinar. Nadie se lo niega. Pero tampoco nadie está obligado a tomarlo en serio. La confianza se construye con hechos: reducción de delitos, saneamiento de finanzas heredadas y rendición de cuentas, incluso cuando duele al PAN.
La percepción de corrupción es alta, nadie lo niega. Es un reto real que exige más transparencia y mejores servicios. Sin embargo, atribuirla solo al presente mientras se blanquea el pasado morenovallista-panista resulta intelectualmente deshonesto. Los mismos poblanos que perciben problemas también ven avances en seguridad que hace años parecían lejanos. La soberbia, esa que tanto denuncia el diputado, a veces se disfraza de preocupación ciudadana y omite las facturas que dejaron administraciones anteriores.Todos tienen derecho a decir tonterías; afortunadamente, también existe el derecho a señalarlas con datos. Porque gobernar no es solo comunicar, como bien dice el autor, pero tampoco es repetir selectivamente estadísticas mientras se olvida el daño patrimonial propio. Puebla avanza, con sus retos y sus resultados. El discurso catastrofista, en cambio, parece congelado en el tiempo.
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