La Ambición y el Fraude en las
Pensiones
Un Análisis Detallado de los Riesgos
en el Sistema Mexicano
Rodolfo Herrera
Charolet
La ambición humana, esa fuerza
impulsora que a menudo busca atajos hacia la prosperidad, puede convertirse en
un terreno fértil para el engaño y el fraude. En México, este fenómeno se
manifiesta de manera particularmente cruda en el ámbito de las pensiones y
jubilaciones, donde miles de trabajadores, motivados por el deseo de una vejez
digna y holgada, caen en las redes de promotores inescrupulosos.
Estos "gestores"
prometen pensiones elevadas, superiores a las que legalmente corresponden,
explotando la complejidad del sistema de seguridad social y la falta de
información de los aspirantes a jubilados. El resultado es devastador: los
afectados no solo pierden dinero, sino que arriesgan su patrimonio acumulado en
fondos de ahorro para el retiro (AFORE) y, en última instancia, su estabilidad
financiera futura.
Este texto explora en profundidad
cómo opera este esquema fraudulento, fundamentado en normativas del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), datos estadísticos y casos reales, con el
objetivo de alertar y educar a los lectores sobre los riesgos inherentes.
Para comprender el problema, es
esencial desglosar el sistema de pensiones en México.
El régimen de jubilaciones del
IMSS se divide principalmente en dos leyes: la de 1973 (conocida como Ley 73) y
la de 1997 (Ley 97).
La Ley 73 aplica a trabajadores
que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, ofreciendo pensiones
definidas basadas en un porcentaje del salario promedio de las últimas 250
semanas cotizadas (aproximadamente cinco años).
Bajo esta modalidad, la pensión
puede oscilar entre el 60% y el 100% del salario base, dependiendo del número
de semanas cotizadas (mínimo 500 para cesantía en edad avanzada a partir de los
60 años, o 1,250 para vejez a los 65).
En contraste, la Ley 97, para
cotizantes posteriores, introduce el sistema de AFORE, donde la pensión depende
de los ahorros acumulados en cuentas individuales administradas por entidades
privadas, complementados con aportaciones obligatorias del trabajador, patrón y
gobierno.
Aquí entra en juego la Modalidad
40 del IMSS, un mecanismo legal pero frecuentemente malinterpretado y
explotado. Oficialmente denominada "Continuación Voluntaria en el Régimen
Obligatorio", esta opción permite a ex-trabajadores bajo la Ley 73 realizar
aportaciones voluntarias para incrementar su promedio salarial y acumular
semanas de cotización adicionales.
Según el sitio oficial del IMSS,
para inscribirse en la Modalidad 40, el interesado debe tener al menos 52
semanas cotizadas en los últimos cinco años, no estar en relación laboral
formal y elegir un salario base de cotización (SBC) entre 1 y 25 veces la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria.
En 2025, la UMA diaria se ubica
en aproximadamente 108.57 pesos (valor de 2024, ajustado por inflación; para
2025, se estima un incremento a alrededor de 115 pesos según proyecciones del
INEGI y la Secretaría de Hacienda).
Así, el SBC máximo sería de unos
2,875 pesos diarios o 86,250 pesos mensuales.
El atractivo de la Modalidad 40
radica en su potencial para elevar la pensión. Por ejemplo, si un trabajador
cotizó la mayor parte de su vida con salarios bajos, como el mínimo (alrededor
de 7,467 pesos mensuales en 2025 para la zona general), su pensión promedio
podría ser de 8,500 a 10,500 pesos mensuales. Al inscribirse en la Modalidad 40
con un SBC alto, las cotizaciones voluntarias "diluyen" el promedio
bajo de los últimos cinco años, incrementando el monto final.
Sin embargo, esto no es un atajo
mágico: cada mes de cotización voluntaria cuesta el 16.5% del SBC elegido
(cubriendo cuotas obrero-patronales para seguro de invalidez, vejez y
cesantía), más el 5% para retiro y vejez, totalizando hasta el 21.5% aproximadamente.
Para un SBC de 30,000 pesos
mensuales (necesario para aspirar a una pensión de 20,000 pesos), el pago
mensual sería de unos 6,450 pesos, sumando 387,000 pesos en cinco años – una
inversión significativa que no garantiza retornos inmediatos.
Es en este punto donde la
ambición se cruza con el fraude. Miles de aspirantes a jubilados son engañados
por promotores que prometen pensiones "superiores" bajo la Modalidad
40, cobrando honorarios exorbitantes por "gestión". Estos estafadores
exigen pagos iniciales (de 5,000 a 20,000 pesos o más), una porción de los
primeros meses de pensión (hasta tres mensualidades) y, en casos graves, acceso
al saldo de la AFORE o incluso fondos de vivienda del Infonavit.
Según alertas del IMSS emitidas
en 2025, estos "gestores" operan mediante redes sociales, llamadas
telefónicas o despachos falsos, utilizando documentos apócrifos con firmas
falsificadas de funcionarios como el director general.
Un caso reportado involucra una
red que exigía depósitos para "activar" pensiones altas, resultando
en pérdidas de hasta 100,000 pesos por víctima. La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha
documentado cientos de quejas anuales por estos fraudes, donde los afectados
firman contratos leoninos que los obligan a ceder derechos o pagar comisiones
perpetuas.
La realidad técnica desmonta
estas promesas.
El cálculo de la pensión bajo Ley
73 no se basa solo en las últimas cotizaciones, sino en el promedio de las 250
semanas previas. Si un trabajador de 65 años cotizó con salario mínimo y opta
por Modalidad 40 con SBC alto, debe cotizar al menos cinco años para impactar
significativamente el promedio.
Pero el tiempo juega en contra:
al retrasar la jubilación a los 70 años, el período de cobro se acorta
drásticamente. Según datos del INEGI para 2025, la esperanza de vida promedio
en México es de 75.5 años, con variaciones por género: 72.6 años para hombres y
79 años para mujeres (ajustados por impactos post-pandemia y factores
socioeconómicos).
Para un hombre de 70 años, el
pronóstico de vida restante es de apenas 5-7 años en promedio, pero
considerando la mortalidad acelerada en grupos de bajos ingresos (donde
prevalecen estas estafas), podría reducirse a 2-4 años.
Veamos un caso práctico con
números reales.
Supongamos un trabajador hombre
de 65 años con 1,250 semanas cotizadas al salario mínimo (7,467 pesos
mensuales). Su pensión estimada, usando el simulador oficial del IMSS, sería de
unos 9,000 pesos mensuales (aproximadamente el 80% del promedio salarial,
ajustado por incrementos anuales). Si se jubila inmediatamente, cobraría esta
cantidad por el resto de su vida. Ahora, si cae en la trampa y opta por
Modalidad 40 con SBC de 30,000 pesos mensuales, pagaría 6,450 pesos al mes en
cuotas (21.5% del SBC).
En cinco años, invierte 387,000
pesos (sin contar inflación). Al jubilarse a los 70, su nuevo promedio salarial
podría elevar la pensión a 18,000-20,000 pesos mensuales. Sin embargo, con una
esperanza de vida de 75.5 años, cobraría por solo 5.5 años en promedio (66
meses), totalizando 1,188,000-1,320,000 pesos. Descontando la inversión inicial
(387,000) y posibles honorarios fraudulentos (digamos 50,000), el neto es de
751,000-883,000 pesos – apenas un 20-30% más que jubilarse inmediatamente y
cobrar 9,000 por 10.5 años (75.5 - 65 = 10.5 años, 126 meses: 1,134,000 pesos
brutos).
Pero el escenario empeora con
riesgos adicionales. Si el gestor exige el saldo AFORE (promedio de
150,000-300,000 pesos para trabajadores de salario mínimo con 30 años de
cotización, según Consar), la pérdida es irreversible. Además, fraudes como el "coyotaje"
–intermediarios ilegales que prometen retiros exprés– pueden invalidar semanas
cotizadas o exponer a sanciones penales por declarar datos falsos, como
advierte el IMSS en comunicados de 2025.
Una reciente violación a datos
sensibles (data breach) afectó a 20 millones de pensionados, facilitando
extorsiones y robos de identidad, según reportes de ciberseguridad.
En lugar de estos riesgos,
opciones más seguras abundan. El IMSS ofrece trámites gratuitos en sus
delegaciones para jubilaciones, con requisitos claros: edad, semanas cotizadas
y documentos básicos. Una vez jubilado, el saldo AFORE se puede retirar en una
sola exhibición o en parcialidades, sumado a fondos de Infonavit para vivienda
o ahorro. Con estos recursos (potencialmente 200,000-500,000 pesos), un
jubilado puede invertir en negocios bajos en riesgo, como un pequeño comercio,
renta de propiedades o fondos de inversión regulados por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
Por ejemplo, depositar en CETES
(Certificados de la Tesorería) ofrece rendimientos del 10-11% anual en 2025,
generando ingresos pasivos sin asociarse con extraños.
Colectivos como la Asociación
Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) recomiendan
educación financiera gratuita para maximizar ahorros.
En resumen, la ambición por una
pensión elevada, aunque legítima, no justifica exponerse a fraudes que
dilapidan el esfuerzo de una vida. El sistema mexicano, pese a sus
complejidades, prioriza la gratuidad y la equidad para quienes cumplen
requisitos. Al fundamentar decisiones en información oficial –como los portales
del IMSS y Consar– y evitar promesas milagrosas, los trabajadores pueden
asegurar una jubilación estable.
En un país donde la esperanza de
vida se recupera lentamente post-pandemia, priorizar la salud financiera sobre
ilusiones efímeras es clave.
Hay que recordar que la verdadera
prosperidad surge de la prudencia, no del engaño.
¿O no lo cree usted?


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