03 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa: Introducción al CasoEl caso de Javier López Zavala surge en un contexto de tensiones judiciales y políticas en Puebla, donde el excandidato priísta a la gubernatura ha elevado su voz desde la reclusión para cuestionar la validez de las acusaciones en su contra. Este proceso, que ha captado la atención pública, involucra no solo elementos penales sino también reclamos de persecución sistemática, configurando un escenario donde la verdad judicial se entreteje con narrativas de poder. A lo largo de los años, el desarrollo de esta historia ha pasado por etapas de investigación inicial, detenciones y ahora, una apelación federal que busca revertir lo establecido. ***Antecedentes del FeminicidioEl origen de esta controversia se remonta al 21 de mayo de 2022, cuando Cecilia Monzón Pérez, abogada y activista reconocida en Puebla, fue víctima de un feminicidio que conmocionó a la sociedad local. Inmediatamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla integró la carpeta de investigación correspondiente, identificada como FGEP/CDI/FIM/HOMICIDIOS-1/9319/2022/FEIDVGCM/FEMI-I, bajo la responsabilidad del agente del Ministerio Público Tonatiuh Gutiérrez Sánchez. Al día siguiente, el 22 de mayo, se realizó una entrevista inicial a Javier López Zavala, ex pareja de la víctima, a cargo de la agente de la Policía Ministerial María Guadalupe Álvarez de la Cruz. Este paso marcó el inicio de una cadena de eventos que derivó en la detención de Zavala y otros dos imputados, vinculados a proceso por el delito de feminicidio en las causas penales 233/2022/Cholula y su acumulada 235/2022. El proceso judicial avanzó hasta los juicios orales celebrados entre el 26 y 28 de octubre de 2025 en el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, consolidando así un expediente que, según el denunciante, contiene irregularidades desde su concepción. ***Declaraciones de Javier López ZavalaEn un giro significativo de su defensa, Javier López Zavala se ha proclamado preso político, presentando una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra el agente Tonatiuh Gutiérrez Sánchez por la supuesta fabricación de pruebas en el caso de feminicidio. En su exposición, Zavala niega cualquier participación en la planificación o ejecución del crimen, argumentando que las acusaciones se basan en testimonios falsos, falsificación de firmas y declaraciones manipuladas diseñadas para incriminarlo. Destaca la ausencia de coincidencias en las sábanas de llamadas telefónicas entre los acusados y los presuntos autores materiales, lo que, a su juicio, desmiente cualquier coordinación previa. Además, enfatiza que no se configuran las circunstancias esenciales de modo, tiempo y lugar requeridas por la legislación para validar su involucramiento. Este planteamiento no solo busca desmontar el caso en su contra, sino también exigir la detención de los verdaderos responsables y la liberación inmediata de los tres imputados, incluyendo a sí mismo, al considerar que el expediente entero reposa sobre evidencias fabricadas. Para respaldar esta posición, Zavala ha designado a Daniela Villa Herrera como su nueva asesora jurídica, solicitando su intervención formal dada su situación de reclusión en el Cereso de Puebla. ***Acusaciones contra AutoridadesUn eje central en las afirmaciones de Zavala radica en la imputación directa al exgobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta y al exfiscal Gilberto Higuera Bernal, a quienes acusa de orquestar la fabricación de la acusación de feminicidio como una herramienta de represalia política. Según esta narrativa, las órdenes emanadas de estas figuras habrían dirigido al Ministerio Público a construir un caso artificial, utilizando la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía estatal como instrumento. Este reclamo se formaliza en una denuncia por falsedad en declaraciones e informes, agravada contra la fe pública, la administración de justicia y la integridad personal de Zavala, quien solicita una intervención federal exhaustiva para validar estas irregularidades. El proceso de esta denuncia incluye peticiones específicas, como la designación de un agente federal para abrir una nueva carpeta, el traslado al penal para ratificarla y la emisión de oficios a la Policía Federal Ministerial, todo ello con el fin de exponer lo que se describe como una consigna política ejecutada desde las altas esferas del poder anterior. ***Contexto Político en PueblaEl caso de Zavala se inscribe en un panorama político más amplio de Puebla, donde las rivalidades entre facciones gobernantes han influido en procesos judiciales sensibles. Como exsecretario de Gobernación y excandidato del PRI a la gubernatura, Zavala posiciona su situación como un ejemplo de persecución orquestada por el grupo en el poder durante la administración de Barbosa, utilizando el sistema judicial para neutralizar opositores. Esta perspectiva transforma el feminicidio de Cecilia Monzón, un crimen que demandaba justicia imparcial, en un punto de fricción entre lealtades partidistas y mecanismos de accountability. El reclamo de Zavala no solo cuestiona la integridad de la Fiscalía estatal, sino que invita a un escrutinio federal que podría reconfigurar la percepción pública sobre la independencia judicial en el estado, destacando cómo los feminicidios, a menudo emblemáticos de fallas sistémicas, se entrecruzan con dinámicas de poder que prolongan el sufrimiento de las víctimas y sus allegados. ***Solicitudes y Próximos PasosPara avanzar en su defensa, Zavala ha delineado una serie de acciones concretas ante la FGR, incluyendo la reclamación de copias cotejadas de la entrevista del 22 de mayo de 2022, así como audios y videos de las audiencias de octubre de 2025. Estas evidencias, argumenta, demostrarán las manipulaciones alegadas y permitirán identificar a los autores reales del feminicidio. El proceso culmina en una petición de investigación renovada que no solo libere a los imputados, sino que restaure la confianza en el sistema al priorizar la verdad sobre las agendas políticas. Este enfoque meticuloso refleja un intento por cerrar el ciclo de impunidad, reorientando la atención hacia la memoria de Cecilia Monzón y la necesidad de justicia efectiva en casos de violencia de género. Redacción
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